Quiénes somos
“DECIDHES es una organización ciudadana que protege el derecho al consentimiento informado en salud, la dignidad humana y la bioética en contextos de decisiones médicas, especialmente frente a políticas de vacunación obligatoria” en Corporación República de Chile .
Defendemos el consentimiento informado, los derechos humanos y la ética en salud, fortaleciendo la soberanía ciudadana frente a decisiones médicas y políticas públicas. Nuestro compromiso incluye investigar y dar visibilidad a denuncias internacionales sobre la presencia de partículas no declaradas en viales médicos, incluidas posibles nanotecnologías, apelando a marcos regulatorios como los neuroderechos en Chile para resguardar la integridad de las personas.
Asimismo, acompañamos y protegemos a las mujeres frente a la violencia obstétrica, visibilizando cómo muchas madres son presionadas y judicializadas desde el primer día por querer proteger a sus hijos. En DECIDHES trabajamos para que cada decisión en salud se tome desde la libertad, la información transparente y el respeto a la dignidad humana.
Nuestra misión
Nuestra visión
Creemos en un futuro donde la salud y los derechos humanos sean una prioridad, trabajando juntos para crear un entorno ético y justo para todos.
Convocatoria:
Le extendemos la presente convocatoria, para compartir con ustedes una propuesta de agrupación ciudadana, sin fines de lucro y con miras a constituirse como una defensa ciudadana del Derecho al Consentimiento Informado:
DECIDHES, Defensa Ciudadana del Consentimiento Informado, Derechos Humanos y Ética en Salud.
Inicialmente, la agrupación está compuesta por un grupo de profesionales de las areas científica y humanista que han estado trabajando los últimos años en pos de proteger y defender los avances que la humanidad ha obtenido en materia de bioética y derechos humanos que se han establecido y consolidado durante los últimos 70 años.
Hemos decidido iniciar un trabajo en conjunto, para aunar fuerzas y aportar desde nuestras especialidades y habilidades, encausar nuestros esfuerzos en una iniciativa a favor del respeto pleno al Consentimiento informado.
consideramos la necesidad de que se declare, una vez más, inviable, legal y éticamente, el paradigma científico y político de la vacunación obligatoria.
Toda la base de argumentos, datos y premisas que sustentan la vacunación obligatoria, deben discutirse constantemente, abiertos al público, a la población
replantearse como política de salud, en vista de la evidencia acumulada sobre sus riesgos, limitaciones e incertidumbres.
Ya sea mediante la presión y persecución legal de los tutores de menores de edad, ya sea a través de medidas de coacción y discriminación, o forzada a través del sistema judicial y la fuerza pública.
La autoridad sanitaria promueve e impone la vacunación mediante propaganda sobre sus beneficios, pero -al anular el Consentimiento informado- se omite información veraz y oportuna sobre los riesgos, limitaciones e incertidumbres. No hay información actualizada disponible de manera transparente. No se informa el impacto de la vacunación masiva en el aumento de las enfermedades crónicas infantiles y adultas.
Tampoco se ofrece un protocolo de apoyo y orientación en torno a la ocurrencia de efectos adversos posiblemente atribuibles a vacunas (ESAVI) y ..... (EPRO), ni sobre la importancia de las notificaciones para la Farmacovigilancia, ni sobre la obligación legal de notificar efectos adversos por parte de los funcionarios de Salud.
Todo esto deviene en una crisis ética y riesgo de vulneración de derechos humanos. Se ha evitado por años la discusión abierta sobre responsabilidad política con las víctimas de daños por reacciones adversas.
Para promover un nuevo paradigma en cuanto al rol del ciudadano en la política de vacunación chilena, estamos trabajando en documentos que ofrezcan información en términos simples para la población general; y también en estrategias de comunicación para llegar a los funcionarios de salud (que comúnmente ejercen su rol sólo obedeciendo, con un exceso de confianza en el sistema, sin evaluar de manera crítica y ética la legalidad de los lineamientos impuestos por la autoridad sanitaria en nombre del Estado)
Hacemos este llamado a todos los profesionales de Salud y Ciencias que a título personal estén interesados en participar en iniciativas para abrir el debate y comunicar estas falencias, para empoderar a la población sobre sus derechos y promover como ciudadanos independientes la ética y el rigor de los actos públicos y privados en torno a la política de vacunación de Chile.
Por último, una de nuestras mayores aspiraciones es otorgar apoyo a la defensa legal de las víctimas de las vacunaciones no consentidas adecuadamente, con material bibliográfico y aportes en torno a la discusión ética sobre la vacunación en Chile, sobre sus limitaciones, riesgos e incertidumbres, incluidas las denuncias internacionales y locales sobre fraudes, corrupción y malas prácticas de la industria, organismos evaluadores y funcionarios con altas cuotas de poder en la toma de decisiones sobre este tema.
Información general y guía de respuesta y acción
Si usted es funcionario/a de Salud y sus atribuciones incluyen promover el PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones), obligándo a las familias a adherir a esta política sanitaria, pero en su trabajo sólo está considerando los potenciales beneficios, sin informar sobre reacciones adversas, farmacovigilancia y limitaciones de sus efectos, le pedimos que se preocupe por la ética y la probidad del sistema de vacunación que usted fomenta y que evalúe de manera crítica su rol en este proceso.
El Estado chileno impone esta intervención médica como una estrategia de prevención de determinadas enfermedades causadas por virus y bacterias, para los cuales se ha dispuesto un esquema de vacunación.
La autoridad sanitaria promueve la vacunación mediante propaganda basada en sus beneficios, instando a todas las familias a participar en las fechas del calendario anual. Cuando los cuidadores de menores de edad deciden no participar del PNI, se activa una estrategia de presión de parte de funcionarios de los CESFAM. Si la familia no cede, se da inicio a una persecución a través de una denuncia por supuesta vulneración de Derechos del o los menores involucrados.
En este sistema, la vacunación es forzada, no da lugar a cuestionamientos. No hay consentimiento informado, no se ofrece información sobre riesgos, tampoco sobre síntomas de reacciones adversas. No se advierte a las familias que deben notificar cualquier síntoma anomalo posterior a una inoculación, ni se les informa que por ley estos eventos adversos deben ser atendidos por funcionarios de Salud y notificados al ISP, para mejorar el proceso de farmacovigilancia de eventos adversos.
En resumen, no se permite a las familias decidir otras opciones para fortalecer y preservar la Salud de los menores, se les obliga a participar, pero en el proceso se omite información veraz y oportuna, siendo uno de los puntos más graves la falta de un protocolo de respuesta oportuna ante ESAVI y la nula responsabilidad política y legal ante reacciones graves que ocasionen daño a la Salud y la vida.
Probabilidades estadísticas versus gravedad y tipo de daños por vacunas:
Los daños producidos por vacunas son un área de investigación abierta a nueva evidencia; sufrir reacciones adversas severas, invalidantes o con resultado de muerte es una probabilidad estadística real que no está siendo considerada en la discusión ética y legal sobre el programa de vacunación chileno.
La posibilidad de sufrir daño severo o morir por una reacción adversa o un error en la aplicación de una inoculación es un hecho científico que debe ser atendido. En Chile la vacunación se ha impuesto como una política sanitaria de carácter obligatorio, se ha anulado el Derecho al Consentimiento Informado, esto no puede continuar.
Las familias tienen derecho a ser informadas sobre riesgos, sin reducir el asunto a la probabilidad estadística baja, sino poniendo el centro de la discusión en la gran variedad y tipo de reacciones adversas y daños que se pueden desencadenar por los componentes, por reacciones autoinmunes o errores de manipulación y aplicación, entre otros factores.
Los daños por vacunas son una realidad y para defender los derechos de los niños, debemos incluir la discusión sobre riesgos y la respuesta del sistema ante sus peores consecuencias. También se debe evaluar información sobre limitaciones e incertidumbres de eficiencia de cada vacuna.
Países como EEUU, Japón o Reino Unido cuentan con sistema de compensación por daños derivados de vacunación desde hace décadas. Por el contrario, en Chile el tema de la responsabilidad por daños de vacunas ni siquiera se ha abordado.
La defensa de la infancia no puede quedar reducida a obligar a vacunar, sin abordar en la política de vacunación la responsabilidad con las potenciales víctimas, considerando la gravedad de los peores daños que pueden provocar las diversas y numerosas reacciones adversas, incluida la invalidez y la muerte.
En esta discusión debemos considerar además, el contexto de denuncias internacionales sobre fraudes, malas prácticas, lobby, conflictos de interés y corrupción en la investigación, evaluación, control y aplicación de fármacos y vacunas, son temas que también deben abordarse. Cabe destacar que estas denuncias vienen de la propia comunidad científica y se han dado durante años.
A través de este comunicado hacemos un llamado directo a los funcionarios de Salud y a todos los involucrados en la política de vacunación forzada que se ha impuesto en Chile.
Debemos replantear la obligatoriedad y abrir la discusión a un nuevo paradigma ético y científico, con datos actualizados y, sobre todo, con pleno respeto a los Derechos humanos que rigen la práctica médica, con responsabilidad, ética y rigor en el cumplimiento de leyes, DDHH, normativa y protocolos.
A cuidadores y tutores legales:
Sugerimos la siguiente guía de respuesta y acción, para quienes tengan bajo su cuidado a menores de edad y opten por no dar su consentimiento para la intervención con vacunas, ante la primera instancia de presión por parte de los funcionarios del CESFAM:
Diríjase personalmente o aproveche cuando sea contactado por teléfono, para expresar que los controles médicos de los menores a su cargo serán desde ahora realizados con pediatra particular.
La decisión de optar por un pediatra o médico de familia particular es un Derecho reconocido en tratados de bioética y en la constitución chilena, en los Items sobre derecho al acceso al sistema de salud público o privado.
En cuanto al Derecho al consentimiento informado, está estipulado en el artículo 14 de la ley derechos y deberes del paciente 20.584 , que reconoce la autonomía de la persona para otorgar o rechazar un determinado tratamiento médico. También es un Derecho humano presente en los Tratados internacionales y convenciones sobre bioética.
En Chile, si se anuló el Derecho al Consentimiento Informado y se impuso mediante decreto y norna sanitaria un proceso de vacunación forzado, debemos abrir la discusión y promover que se respeten la dignidad y la seguridad de los usuarios del sistema de Salud. No se puede mantener el sistema actual, en el que se ha invertido el valor de leyes y se han subordinado nuestros derechos humanos a normas y decretos.
Como padres y cuidadores de menores de edad, debemos proteger y no vulnerara la integridad física y psíquica de nuestros hijos. No podemos someterlos a unapolíticade vacunación sólo por la confianza en la autoridad sanitaria y en el sistema, nos corresponde evaluar de manera crítica y exigir los máximos estándares de etica, rigor y probidad. No podemos ser sujetos pasivos y dejar que nuestos niños sean sólo receptores de vacunas ñ. por el contrario, debemos ser críticos y fiscalizar, exigir información veraz y oportuna, además de responsabilidad legal ante posibles daños.
Sugerimos un cambio de actitud, dejar la confianza y la pasividad. La Ciencia y los procedimientos detrás de las vacunas no están libres de errores y de corrupción.
Cuando la autoridad sanitaria promueve la vacunación, lo hace sólo desde sus beneficios, y sobre reacciones adversas y daños no ofrece información veraz. Un ejemplo es la denominación "reacciones muy raras o de baja probabilidad", refiriéndose a la probabilidad estadística. Pero como padres y cuidadores, nuestra atención debe estar en el tipo y gravedad de estas probables reacciones. en lugar de decir " reacciones raras o de baja probabilidad estadística, nombremos estas reacciones según la gravedad, o sea "reacciones severas, invalidantes o muerte". Luego pregúntese
Qué puede salir mal?
De qué tipo y nivel de gravedad pueden ser estas reacciones?
Qué ofrece el Estado chileno para proteger a la población en estos casos?
El código sanitario en su artículo 33 indica que existe la posibilidad de ser eximido de la vacunación exhibiendo un certificado médico que lo justifique. No basta con razones médicas, cuanfo las peores consecuencias incluyen la muerte, debe primar el Consentimiento informado.
Nos amparan en esta discusión las siguientes leyes y Derechos humanos:
El derecho a la protección de la salud, contenido en el numeral 9° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la medida que dicha información es esencial para adoptar decisiones informadas en materia de salud.
El derecho al acceso a la información pública, contemplado en el artículo 8 de la misma carta fundamental, y con igual fundamento, y materializado en la Ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública.
El deber de transparencia respecto de actuaciones de la administración del Estado y sus órganos, conforme al art. 64 de la Ley N° 19.880, que consagra el silencio positivo a las peticiones de los particulares.
La protección del Interés superior del niño, niña, o adolescente, contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, de 1990, por cuanto para proteger a dicho menor mediante la toma de una decisión informada y responsable, pasa por respetar este derecho humano fundamental.
En nuestra calidad de apoderados del menor y titulares de la tuición o cuidado personal, nos corresponde velar por sus derechos e integridad física y psíquica, conforme a los tratados internacionales, Constitución Política de la República y Código Civil.
Exponemos las consecuencias de la negativa a proporcionar la información.
Existe el riesgo de que un menor de edad al ser vacunado, tenga una reacción severa a las sustancias contenidas en los viales, ya sean alergenas, neurotóxicas. También pueden darse los errores humanos (EPRO, errores de programación). Entre quienes cumplen con promover, obligar y forzar la vacunación
Quién se hará responsable de acompañar e indemnizar a una víctima de reacciones adversas y a sus familias?
Terminara el Estado pagando con los impuestos de los soberanos ciudadanos?, indemnizacion que nunca recuperara las vidas perdidas.
Esto ya se ha dado en la práctica y existen sentencias que reconocen la obligación del Estado de indemnizar cuando no se ha informado debidamente (véase causa Corte Suprema, rol N° 8.477-2017).
Además, ante cuestionamientos por falta de una o más vacunas del esquema de vacunación, exprese que por motivos personales y antecedentes clínicos familiares, la familia será asesorada en el tema por el/la pediatra que desde ahora verá sus controles.
En caso de insistir en la presión de parte del CESFAM, pida a la funcionaria/o que le ofrezca información veraz y oportuna sobre:
Qué es un ESAVI
Qué es un EPRO
Qué plan o política contempla el sistema de Salud chileno para evaluar reacciones adversas y establecer causalidad con la vacunación.
En caso de establecer que hay una relación de causalidad o ante la dificultad de diagnóstico de reacciones adversas, qué política o marco legal de compensación protege a los afectados y a sus familias?
Cómo se identifican responsabilidades cuando un EPRO deriva en daño severo o muerte (cómo se identifica la falla humana y cómo se determina culpabilidad en caso de seguir acciones legales)
Solicitamos estudios actualizados sobre qué vacunas están actualmente cumpliendo con inhibición de contagio y transmisión y cuáles no.
Quiénes Somos
Conoce nuestra misión y compromiso con los derechos en salud.
Nuestra Misión
Defender el derecho a decidir sobre la salud.
Valores Éticos
Soberanía, humanidad y consentimiento informado son fundamentales.
Nuestro Equipo
Profesionales comprometidos con la defensa de derechos humanos.
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